«Agravando la crisis del comercio local se suma el incremento, en el distrito, de la venta ilegal ambulante que no se ajusta a las normas y leyes comerciales vigentes, y que a su vez, representan una competencia desigual y desleal frente al comercio legalmente habilitado que con sus impuestos y aportes contribuye a la recaudación del Estado (Municipal, Provincial y Nacional) a generar recursos necesarios para la posterior aplicación en políticas públicas, por la falta de control de los organismos municipales competentes en la vía pública.
Estamos a favor del «Derecho de Libre Comercio» que promueve la Constitución Nacional; pero sin faltar a otro derecho tan fundamental que la carta magna protege que es el «Derecho de Igualdad», que se ve socavado toda vez que se exige al comerciante requisitos que no cumple el vendedor ambulante ilegal.
El comercio formal paga impuestos en los tres niveles, que el vendedor ambulante no. Al comercio legal se le exigen requisitos y normativas a las que el vendedor ambulante no se ajusta, hasta el límite de poner en riesgo la salud pública, por desconocerse la procedencia de los productos o servicios brindados. Y sin la posibilidad de verificaciones y controles de calidad, seguridad e higiene que son exigidos al comercio instalado.
Deben existir políticas públicas de integración a través de cursos de capacitación a los sectores informales para que se incorporen al sistema de formatos comerciales y productivos de nuestro distrito.
No existe en la SCIPA falta de espíritu solidario, o la negación de la difícil situación que atraviesa el país. La cámara es solidaria en el presente, y lo ha sido desde sus inicios en la preocupación constante de los asuntos públicos concernientes a la comunidad pilarense. Ha generado y sigue generando proyectos y propuesta de mejoras para atender diferentes problemáticas tendientes al Bien Común. Pero no es posible que haya dos tipos de ciudadanos con los que se tenga diferentes niveles de exigencia.»