Desde que el bono se fijó en $70.000 en marzo de este año, el avance de los precios ha erosionado su valor, con una pérdida de 47,64% en términos reales hasta agosto, sin contar la inflación de septiembre, aún pendiente de divulgación por el Indec. Con el congelamiento del bono a pesar de la inflación acumulada, el poder adquisitivo de los jubilados se ve cada vez más comprometido, profundizando el ajuste que desde el inicio de la gestión libertaria ha impactado directamente en los sectores más vulnerables.
Esta medida llega poco después de que Milei vetara una reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria, una iniciativa legislativa que buscaba actualizar los haberes para acompañar la inflación. En cambio, el Gobierno otorgó una suba del 3,47% en noviembre, basada en la inflación de septiembre. No obstante, tanto los expertos como los representantes de los jubilados consideran que esta medida resulta insuficiente en el marco de una crisis inflacionaria que deteriora los ingresos.
