La intervención de la cartera nacional se produjo tras la circulación en redes sociales de un video que, según indicaron, deberá ser verificado por las autoridades provinciales. En esas imágenes, una inspectora de la Región 11 habría realizado ante alumnos de nivel primario consideraciones ideológicas vinculadas con la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y expresiones relacionadas con el rechazo a “lo diferente”.
El Ministerio que conduce Sandra Pettovello señaló que, de confirmarse los hechos, podrían encuadrarse como un caso de adoctrinamiento partidario en el ámbito escolar.
En la nota enviada a las autoridades bonaerenses, la Secretaría de Educación solicitó precisiones sobre distintos puntos: si se inició una investigación interna para determinar la veracidad de lo ocurrido; qué medidas disciplinarias o administrativas se adoptarían en caso de comprobarse la situación; qué mecanismos existen para prevenir y sancionar casos similares; si hubo denuncias previas por hechos de esta naturaleza; y qué protocolos se aplican para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas.
Desde el Ministerio remarcaron que aguardarán la respuesta oficial de la Provincia en el marco de las competencias establecidas por la Ley de Educación Nacional.
El marco legal invocado
En el planteo formal, la cartera nacional recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a enseñar y aprender, así como la libertad de expresión y de pensamiento.
Asimismo, se mencionaron normativas específicas que protegen los derechos de niños y adolescentes, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece el respeto por la libertad de conciencia de los alumnos y su protección frente a cualquier forma de agresión psicológica; y la Ley 26.892 sobre convivencia escolar.
También se citaron el Decreto 415/06 y el Decreto 1086/24, que incorporan disposiciones vinculadas a la libertad de pensamiento y actuación de los menores y establecen que la imposición de una postura político-partidaria en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal y la libertad.
Por último, el comunicado recordó que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense prohíben la colocación de símbolos de partidos políticos en establecimientos escolares.
