Según el documento, la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 55,5% en el primer trimestre de 2024, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en el mismo período.
Estos porcentajes se traducen en aproximadamente 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas viviendo en la pobreza, de las cuales 7,8 millones se encuentran en situación de indigencia extrema. La pobreza, determinada por el valor de la canasta básica alimentaria, ha alcanzado niveles alarmantes que reflejan una crisis social profunda.
El informe también destaca la preocupante situación de la inseguridad alimentaria en las áreas urbanas. Según los datos relevados, el 24,7% de las personas, el 20,8% de los hogares y el 32,2% de los niños, niñas y adolescentes enfrentan inseguridad alimentaria. Aún más grave es la situación de inseguridad alimentaria severa, que afecta al 10,9% de las personas, al 8,8% de los hogares y al 13,9% de los niños, niñas y adolescentes.
En cuanto al mercado laboral, el sondeo revela que el 32,5% de los trabajadores ocupados residen en hogares en situación de pobreza. Además, el 30,9% trabaja en la economía social, mientras que el 26,5% de la población económicamente activa tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable. Estos indicadores evidencian la fragilidad del empleo y la precarización laboral que afecta a una gran parte de la población.
Pese a este panorama desalentador, el informe del ODSA-UCA señala una mejora en los índices de mortalidad infantil entre 2005 y 2022. Sin embargo, esta mejora presenta una gran heterogeneidad según la provincia. «La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias», explica el documento. En general, las provincias con altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.
