El borrador del nuevo proyecto de Ley Ómnibus vuelve a contemplar la «privatización o concesión» de la operadora estatal de pasajeros Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas, aunque –en principio– no incluye a Ferrocarriles Argentinos, ADIF ni DECAHF.
Pero la «no privatización» no es garantía: los despidos en ADIF comprometen seriamente la continuidad de las inversiones en la red ferroviaria. Las empresas, nuevamente sin autoridades.
Esta semana se conoció el borrador final del nuevo proyecto de Ley Ómnibus con que el gobierno de Javier Milei busca transformar radicalmente la dimensión y funciones del Estado argentino. Nuevamente incluye un anexo de empresas públicas sujetas a privatización, cuya venta quedaría –de aprobarse el proyecto– enteramente a decisión del Gobierno, aunque la lista se redujo de 26 en el proyecto original a 18 en el actual.
Las dos operadoras ferroviarias estatales, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (BCyL), vuelven a aparecer sujetas a “privatización o concesión”, una segunda modalidad que la redacción anterior no aclaraba inicialmente. Si bien es conocida la voluntad de Javier Milei de desprenderse como sea, y por principio, de todas las empresas del Estado, hasta ahora no existió en la agenda pública ninguna discusión sobre la necesidad o conveniencia de esta medida, que presenta el oscuro antecedente de las concesiones ferroviarias del menemismo.
No obstante, a diferencia de la intención original, la nueva versión del proyecto oficial aparenta dejar afuera de la privatización a Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), la titular de toda la infraestructura ferroviaria del país. Este cambio implicaría una marcha atrás en la intención oficial de que incluso la propiedad de vías, estaciones y demás terrenos ferroviarios pudiera ponerse en venta. Según el modelo de acceso abierto legalmente vigente en la Argentina, y nunca completamente implementado, la existencia de ADIF es indispensable para que administre la infraestructura sobre la que cualquier empresa debería poder prestar servicios ferroviarios en libre competencia.
Tampoco aparecen en el revisado proyecto de ley ni Ferrocarriles Argentinos, holding ferroviario creado por ley en 2015 para dirigir la política ferroviaria nacional, ni su subsidiaria Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). La aparente continuidad de DECAHF es particularmente notoria porque se trata de una sociedad residual con funciones confusas y superpuestas con otras empresas del grupo: administra el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (CENACAF), el Museo Nacional Ferroviario y el archivo de la antigua Ferrocarriles Argentinos, corre un Tren Museo Itinerante y organiza actividades artísticas, además de emplear personal que se desempeña en otras áreas.
Otra omisión en los nuevos anexos de empresas sujetas a privatización o concesión es la de Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA (PFSA), una empresa creada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para destinar terrenos ferroviarios desafectados a proyectos de urbanización. Vale notar que PFSA ya tiene una función de venta del patrimonio público: lo único que cambiaría su privatización sería que todos los terrenos pasarían a ser vendidos por su valor inmobiliario sin ninguna contraprestación de integración sociourbana.
La ausencia de Ferrocarriles Argentinos (FASE), ADIF y DECAHF del nuevo proyecto de Ley Ómnibus no significa, no obstante, un cambio de la política oficial: a cinco meses de gestión, el único lineamiento conocido es la intención privatizar todo lo que sea posible. Recientemente un asesor del Gobierno, ex jerarca de la polémica concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), adelantó los principales puntos de la estrategia oficial, centrada en la reducción de costos. Con respecto al futuro del servicio público ferroviario no existen definiciones. Las obras de infraestructura previstas y en ejecución, así como otras compras y licitaciones, se encuentran paralizadas.
