Según el decreto, la reforma es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente», ya que no contempla el impacto fiscal ni define la fuente de financiamiento, como lo exige la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. El Gobierno estima que la implementación de esta ley generaría un gasto adicional de $6,16 billones en 2024 y $15,43 billones en 2025, lo que representaría entre el 1,02% y el 1,64% del Producto Bruto Interno (PBI) en esos años.
El documento también advierte que estos montos harían «imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional» y que la medida dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, indica que el cumplimiento de la ley obligaría al Estado a recurrir a una fuente de financiamiento extraordinaria, ya sea mediante deuda pública o aumento de impuestos.
El veto devuelve la iniciativa al Congreso, que ahora deberá decidir si insiste en la reforma o acepta la decisión presidencial. Para superar el veto, el Legislativo necesitaría el apoyo de dos tercios en ambas Cámaras, una meta que, aunque incierta, no está descartada.
En las votaciones iniciales, la reforma había sido aprobada con amplia mayoría: 61 votos a favor en el Senado y 160 en Diputados. Sin embargo, las recientes disputas internas en el PRO y la falta de consenso en el Congreso ponen en duda la posibilidad de que se reúnan los votos necesarios para insistir con el proyecto. Mientras tanto, el oficialismo ha comenzado a negociar con los distintos bloques para asegurar que el veto sea finalmente aprobado.
