Se supo que la Justicia secuestró computadoras, entre las que habría una de la Secretaria Privada del Intendente, teléfonos celulares de funcionarios y de un concejal de la oposición.
En la computadora habrían documentos, planillas de cálculo y correos electrónicos vinculados a la causa.
Del mismo modo, en los teléfonos celulares habrían conversaciones que probarían el funcionamiento de la implementación de los microcréditos con fines electorales.
Ambos hechos, dejan de manifiesto la presunta sospecha por parte de la Justicia de que el destino que se le dio a los 300 millones de pesos no es ajeno al Intendente.