El Gobierno presentó el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos» o «Ley Ómnibus», generando controversia. Entre las medidas destacadas, se declara la emergencia económica hasta 2027, permitiendo mayor concentración de poder a Javier Milei, y se propone la privatización de empresas públicas. El punto mas cuestionable son los superpoderes: delegación legislativa será en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Además se establece el listado de 41 41 empresas públicas «sujetas a privatización».
Algunos puntos destacables:
La propuesta legislativa aborda una amplia variedad de temas, incluyendo la posibilidad de acuerdos transaccionales en disputas administrativas, la renegociación de contratos en situaciones de emergencia económica, y la actualización de la Ley de Defensa de la Competencia. Además, se destacan medidas relacionadas con la provisión de seguros, la libertad de las compañías para definir productos, la regularización excepcional de obligaciones tributarias, y cambios en el sistema de crédito.
En el ámbito energético, se proponen reformas para promover el libre comercio internacional, la participación de terceros no productores, y la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se establece un régimen para la organización de manifestaciones con el objetivo de garantizar la libre circulación y desarrollo normal de actividades económicas, y se agravan penas para delitos contra la autoridad.
Se introducen novedades legales, como la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil y limitaciones a la facultad judicial de reducir intereses pactados en contratos. Se proponen cambios en la Ley de Sociedades, ajustes en la ley de quema, modificaciones en la Ley de Glaciares, y un nuevo sistema de elección de diputados nacionales.
Además, se establece un régimen de incentivos para grandes inversiones, se promueven cambios en organismos de cultura, reformas en el sistema educativo, y ajustes en la organización del transporte de cargas y la Ley de Tránsito. Se implementan también cambios en el régimen de concesiones y obras públicas con el objetivo de mejorar su funcionamiento.
