Según el decreto, la medida fue tomada debido a la falta de previsión presupuestaria y recursos necesarios para su implementación, lo que generaría un gasto adicional de más de $811.569 millones que no estaba contemplado en el presupuesto actual de la Secretaría de Educación.
El documento oficial advierte que la ley afectaría los objetivos de política económica del gobierno y crearía dificultades técnicas que imposibilitarían una implementación ordenada. Además, se argumenta que la propuesta es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» al no considerar el impacto fiscal ni definir una fuente clara de financiamiento.
Otro de los puntos señalados en el decreto es que la ley otorgaría un «privilegio» al personal de las universidades nacionales en comparación con el resto de los empleados de la administración pública, algo que, según el gobierno, debe resolverse a través de la negociación colectiva.
