El Gobierno ha tomado la decisión de derogar una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de servicios como internet, líneas de telefonía celular y televisión por cable. Esto significa que las empresas proveedoras de estos servicios ahora tendrán la libertad de establecer los precios según consideren adecuado.
El decreto publicado en el Boletín Oficial argumenta que es de suma urgencia liberar el mercado y permitir el libre desarrollo de estos servicios. Sin embargo, se establece que los precios fijados por las empresas deben ser «justos y razonables, cubriendo los costos de explotación y promoviendo una prestación eficiente, con un margen razonable de operación».
Además, se derogó un artículo de la ley que reconocía el carácter de servicio público esencial y estratégico de las TIC en competencia al acceso y uso de redes de telecomunicaciones. Sin embargo, se aclara que el Servicio Básico Telefónico seguirá manteniendo su condición de servicio público.
