Caso $LIBRA: el gobierno de Javier Milei cierra la investigación y deja dudas sobre posible estafa cripto

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció el cierre de la investigación oficial sobre la criptomoneda $LIBRA, en medio de un creciente escándalo que involucra pérdidas millonarias, sospechas de fraude y posibles responsabilidades institucionales.

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Caso $LIBRA: el gobierno de Javier Milei cierra la investigación y deja dudas sobre posible estafa cripto

La decisión fue oficializada a través del Decreto 332/2025, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada este martes en el Boletín Oficial. Con esta medida, se elimina la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que había sido creada para analizar posibles delitos vinculados a la promoción y colapso de la criptomoneda $LIBRA.


¿Qué es $LIBRA y por qué está en el centro de la polémica?

La criptomoneda $LIBRA se convirtió en tendencia el pasado 14 de febrero de 2025, cuando el propio presidente Milei la promocionó públicamente desde sus redes sociales. En cuestión de horas, el token pasó de tener un valor insignificante a superar los u$s5, impulsado por la especulación del mercado y el respaldo presidencial.

Sin embargo, pocos días después, el proyecto colapsó. Sus desarrolladores se retiraron sin aviso y la moneda digital perdió casi todo su valor, afectando a miles de inversores. Expertos del sector cripto calificaron el episodio como un posible caso de “rug pull”, un tipo de estafa donde los creadores de un proyecto abandonan la iniciativa tras captar fondos.


¿Por qué el gobierno cerró la investigación sobre $LIBRA?

La Unidad de Tareas de Investigación sobre $LIBRA fue creada mediante el Decreto 114/2025 y estaba integrada por especialistas en delitos financieros, activos digitales y lavado de dinero. Su objetivo era determinar si hubo maniobras fraudulentas o negligencia estatal en torno a la moneda digital.

Según el gobierno, la unidad “cumplió su función” al remitir la información recopilada al Ministerio Público Fiscal. No obstante, no se han difundido informes oficiales ni se conocen los nombres de los responsables del proyecto, lo que ha despertado críticas en el ámbito político, judicial y financiero.