Gabriel Eiriz había denunciado la realización de fiestas clandestinas en casaquintas de la zona de La Lonja. Su asesinato fue 25 días después de que fuera amenazado por la oficial de la Policía Mariela Fernanda Pérez Argüello. La agente fue llevada a juicio y sentenciada a 2 años de prisión en suspenso por esas amenazas en febrero del 2020.
Su hermana Gisel dialogó en el Termómetro Radio a días de su aniversario: «Nosotros queremos saber la verdad de quién mató o quién mandó a matar a mi hermano, es lo que nos importa». Luego agregó: «Pedimos respuestas pero los avances son casi nulos. Gabriel dejó evidencia y todo apunta a esos sospechosos».
El mensaje de la familia Eiriz en las redes sociales
«A 8 años después de su homicidio, además de faltarnos nuestro querido Gabi, nos falta la verdad y la justicia. La memoria sigue vigente y somos quienes la construimos todos los días.
La (in)justicia es la que sigue cumpliendo su rol para que la impunidad siga tan vigente como el primer día.
Amelie Alicia Storani Dominguez sigue disfrutando de su vida en libertad, sin ser investigada ni interrogada.
Ezequiel Salsamendi sigue viviendo de sus negocios clandestinos. No trabaja, pero su patrimonio sigue creciendo. Tiene aviones, cambia su auto, construye casas, aumenta la posesión de parcelas aledañas a la quinta de Pilar que era de su padre (el asesino que murió cumpliendo su condena). Sin embargo, a la justicia parece no importarle de qué vive Salsamendi, y cuáles son los negocios turbios que Gabriel denunciaba y que fueron causa de su asesinato.
Tampoco nada se investiga sobre quién era en aquel entonces el subcomisario del destacamento de la Lonja, Javier Sastre, que fue quien levantó el cuerpo de Gabriel al instante de su asesinato, y casualmente quien le consiguió el alquiler de la casa de Storani Dominguez a Salsamendi para que éste hiciera allí también sus fiestas clandestinas, y quien seguro recibía una gran tajada de ese negocio clandestino. La Policía Bonaerense siempre está haciendo su parte.
Por supuesto, Mariela Fernanda Perez Argüello, policía de la Federal primero, y posteriormente policía de la Ciudad de Bs As, sigue disfrutando de su libertad, gracias a la condena nefasta que le garantiza la jueza Andrea Pagliani -dos años de prisión en suspenso- por haberla encontrado culpable de las amenazas que envió a Gabriel 25 días antes de que lo asesinaran. Las amenazas eran para que Gabriel dejara en paz a los inquilinos de la quinta de Storani Dominguez. (Es decir, para que no interfiriera con las fiestas clandestinas de Salsamendi) ¿Nada para decir tiene Perez Argüello? ¿Nada para seguir investigando tiene la justicia en este aspecto?
En el momento del juicio por amenazas, por todo lo que movimos familia y el gran número de gente que acompañó y movilizó en cada convocatoria que organizamos, se corrió a la fiscal que iba a estar a cargo del juicio, y se asignó a un equipo de fiscales que, además, estarían a cargo de la investigación del homicidio. Ellos son: Federico Mercader (UFI nº4), Raul Casal (UFI nº 1) y German Camafreita Steffich (UFI nº 3).
Habiendo pasado un año y 4 meses ya del juicio por amenazas, y habiendo visitado la fiscalía en varias ocasiones en este tiempo, nos encontramos siempre con escasas respuestas y avances en la investigación -por no decir nulas.
¿Qué esperan que hagamos para que realmente se investigue con seriedad? ¿Son padres estos fiscales? ¿Son hermanos? ¿Qué necesitan para cumplir con su trabajo y dar respuestas que estén a la altura? ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartas!»
