En la madrugada del 20 de agosto de 1976 una explosión despertó a la localidad de Fátima y se convirtió en una de las más siniestras escenas que dejó el terrorismo de Estado instalado entre ese año y 1983.
Treinta detenidos por la dictadura, en su mayoría sindicalistas, fueron traídos a Pilar para ser fusilados por efectivos del Ejército y la Policía Federal. Tras el fusilamiento los cuerpos fueron detonados por un artefacto explosivo que esparció los cadáveres en un radio de 100 metros. Estos veinte hombres y diez mujeres permanecían detenidos ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, conocida como Coordinación, así fue que los trasladaron al kilómetro 62 de la ruta 8 a la localidad de Fátima.
Según testimonios ofrecidos a la Conadep a la hora de encontrar los cuerpos, éstos estaban atados y vendados.
Desde 1975, en la sede de Coordinación Federal, ubicada en Moreno 1417 de la Capital Federal, se estableció en el lugar el Grupo de Tareas 2 (GT2)
La Superintendencia fue uno de los once centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita directa del Cuerpo I del Ejército a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason.
En cada piso del edificio se estableció una función específica en el contexto del terrorismo de Estado.
En el noveno funcionaba el Departamento de Extranjeros que se ocupaba de la represión a exiliados de países limítrofes y fue el embrión de lo que posteriormente se conoció como Plan Cóndor.
En tanto que en el tercer piso estaba destinado al alojamiento de los detenidos, que eran ingresados en celdas de 2×1, también conocidas como «tubos».
Investigaciones posteriores establecieron que la masacre resultó una venganza por el asesinato al general Omar Actis, atribuido días antes a Montoneros.
Médicos de la Policía Federal que realizaron las primeras pericias en Fátima encontraron en uno de los bolsillos de las víctimas un papel que decía 30 x 1.
El ex agente de inteligencia Juan Alberto Ambas declaró ante la justicia que las víctimas fueron entregadas a los represores por directivos de las empresas Bendix, Royo, Ford y Astrasa.
No obstante, otras líneas de investigación indican que Actis, presidente del ente Autárquico Mundial ’78, murió por acción de un grupo de tareas de la ESMA, en medio de una interna entre la Armada, comandada por el almirante Emilio Massera, y el Ejército, al mando de Jorge Rafael Videla.
Lo cierto es que tras el asesinato de Actis, la organización del Mundial quedó en manos del almirante Carlos Alberto Lacoste, un hombre de estrecha confianza de Massera.
El hecho formó parte del juicio a las Juntas Militares en el que se comprobó la participación directa del Ejército Argentino.
La versión oficial dada por la Junta Militar, después de que los obreros de un horno de ladrillos cercano encontraran los cuerpos, fue que había sido un «hecho vandálico sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad».
En un primer momento, sólo se logró identificar a cinco víctimas, pero en base a los «Juicios de la Verdad» que se llevaron a cabo a fines de los años ’90, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) obtuvo información que permitió establecer las identidades de otros asesinados.
Los nombres de las víctimas son: Inés Nocetti, Roberto Héctor Olivestre, Ramón Lorenzo Velez, Enrique Jorge Aggio, Ángel Osvaldo Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Evaristo Comas, Oscar Eladio Ledesma Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera, José Daniel Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana E. Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, José Jacinto Pasquarosa, Ernesto María Saravia Acuña, Norma Susana Frontini, Selma Julia Ocampo, Horacio O. García Gastelú y Marta Alicia Spagnoli de Vera.
