Los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial, llevan las firmas de Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).
Ambas normas habían sido sancionadas por el Congreso tras el veto presidencial, y apuntaban a dar respuesta a la crítica situación del sistema universitario y de la salud pediátrica, especialmente en el Hospital Garrahan, símbolo del reclamo médico.
Qué establecían las leyes suspendidas
La Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, garantizaba la actualización automática del presupuesto de las universidades públicas de todo el país, así como la recomposición salarial del personal docente y no docente. El texto preveía que los gastos de funcionamiento se ajustaran bimestralmente según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) informado por el INDEC.
Por su parte, la Ley 27.796, de Emergencia en Pediatría, declaraba la emergencia sanitaria en el área infantil por un año, con el objetivo de fortalecer hospitales públicos, residencias médicas y garantizar insumos, medicamentos y salarios dignos para el personal de salud.
El argumento del Gobierno
El Ejecutivo justificó la suspensión de ambas normas bajo el mismo argumento utilizado para paralizar la Ley de Emergencia en Discapacidad: los textos aprobados por el Congreso “no determinan las fuentes de financiamiento”, lo que según el Gobierno impide su implementación.
Críticas y preocupación en los sectores afectados
Las universidades públicas y los gremios docentes advirtieron que la medida agravará la crisis presupuestaria y afectará el normal desarrollo del ciclo lectivo. En tanto, profesionales de la salud calificaron la decisión como “un golpe directo a la atención pediátrica pública”, especialmente en hospitales de alta complejidad como el Garrahan.
